Uno de los interventores judiciales designados en el concurso preventivo de Vicentin envió una carta al juez del expediente, Fabián Lorenzini, para solicitar la intervención de la Justicia Penal luego de que la planta de etanol de Avellaneda, Santa Fe, sufriera un corte de energía, a pesar de que el magistrado había ordenado expresamente que se debía evitar cualquier interrupción en el suministro.
El planteo fue realizado por Guillermo Nudenberg, uno de los interventores designados esta semana, quien denunció que la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (Cosepav) cortó el suministro eléctrico de la planta “sin previo aviso”, en un accionar que calificó como “manifiestamente intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas y elementales pautas de buena fe y prudencia”.
El corte, ocurrido alrededor de las 9.10 de este jueves, generó una situación de alto riesgo, según detalló Nudenberg en la carta enviada al juez. “No puede dejarse de esa forma sin suministro eléctrico a una planta industrial que está funcionando. Se pudo ocasionar el vaciado de las calderas de agua y, como consecuencia de no poder abastecer de agua para enfriamiento, pudo producirse una explosión. Además, por la parada, también ventearon alcohol las columnas de destilación, lo cual supone otro riesgo de incendio/explosión”, advirtió.
Según explicó, el personal de la planta logró controlar los riesgos a tiempo y, luego de gestiones de los abogados de la empresa —que incluyeron la notificación formal de la medida cautelar vigente dispuesta por el juez—, el servicio se restableció alrededor de las 11.15. Aun así, Nudenberg remarcó que “la forma en que se condujo la cooperativa configura per se una conducta imprudente que pudo tener gravísimas consecuencias”.
Lo que agravó aún más el hecho, según el interventor, es que la cooperativa tenía pleno conocimiento de la resolución judicial que prohibía expresamente interrumpir los servicios esenciales a la empresa. Dicha medida había sido dispuesta por el juez Lorenzini el 22 del actual como parte de la intervención destinada a preservar los activos y garantizar la continuidad operativa de Vicentin.
En la resolución, el magistrado había ordenado que “todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada (…) se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios”.
Nudenberg recordó en su escrito que el mismo día de la resolución, el presidente de Cosepav, Carlos Rodolfo Nobile, se comunicó mediante audios con su colega de intervención, el contador Andrés Shocron, donde “expresamente reconoce estar al tanto de la resolución y de las medidas dispuestas”. Incluso, señaló, se había acordado una reunión para el día siguiente. “De más está decir que la reunión – de suyo – no enerva el cumplimiento de la orden de V.S.”, subrayó el interventor.
A pesar de estar en conocimiento de la existencia de las cautelares, denunció que la cooperativa cortó el suministro de energía eléctrica, “poniendo en serio riesgo los activos de Vicentin y la seguridad del personal, ignorando deliberadamente una manda judicial la cual, reitero, era conocida”.
En su carta, Nudenberg manifestó que lo ocurrido “reviste la suficiente gravedad como para dar vista de lo acontecido a la Justicia Penal para que instruya las actuaciones que en su caso correspondan”.
El corte de luz en la planta de etanol se produjo en un contexto particularmente delicado para Vicentin. Días atrás, el juez había ordenado la intervención judicial del directorio por 120 días hábiles y suspendido en sus funciones a sus miembros. Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain debieron dejar sus cargos y no pueden ejercer funciones durante el período establecido.
La intervención, según la resolución judicial, tiene como objetivo la “prevención del daño en curso”, la “protección efectiva de la empresa económicamente viable” y, en caso de que no se logre evitar una quiebra, la “anticipación de medidas para resguardar las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos”.
Uno de los interventores judiciales designados en el concurso preventivo de Vicentin envió una carta al juez del expediente, Fabián Lorenzini, para solicitar la intervención de la Justicia Penal luego de que la planta de etanol de Avellaneda, Santa Fe, sufriera un corte de energía, a pesar de que el magistrado había ordenado expresamente que se debía evitar cualquier interrupción en el suministro.
El planteo fue realizado por Guillermo Nudenberg, uno de los interventores designados esta semana, quien denunció que la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (Cosepav) cortó el suministro eléctrico de la planta “sin previo aviso”, en un accionar que calificó como “manifiestamente intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas y elementales pautas de buena fe y prudencia”.
El corte, ocurrido alrededor de las 9.10 de este jueves, generó una situación de alto riesgo, según detalló Nudenberg en la carta enviada al juez. “No puede dejarse de esa forma sin suministro eléctrico a una planta industrial que está funcionando. Se pudo ocasionar el vaciado de las calderas de agua y, como consecuencia de no poder abastecer de agua para enfriamiento, pudo producirse una explosión. Además, por la parada, también ventearon alcohol las columnas de destilación, lo cual supone otro riesgo de incendio/explosión”, advirtió.
Según explicó, el personal de la planta logró controlar los riesgos a tiempo y, luego de gestiones de los abogados de la empresa —que incluyeron la notificación formal de la medida cautelar vigente dispuesta por el juez—, el servicio se restableció alrededor de las 11.15. Aun así, Nudenberg remarcó que “la forma en que se condujo la cooperativa configura per se una conducta imprudente que pudo tener gravísimas consecuencias”.
Lo que agravó aún más el hecho, según el interventor, es que la cooperativa tenía pleno conocimiento de la resolución judicial que prohibía expresamente interrumpir los servicios esenciales a la empresa. Dicha medida había sido dispuesta por el juez Lorenzini el 22 del actual como parte de la intervención destinada a preservar los activos y garantizar la continuidad operativa de Vicentin.
En la resolución, el magistrado había ordenado que “todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada (…) se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios”.
Nudenberg recordó en su escrito que el mismo día de la resolución, el presidente de Cosepav, Carlos Rodolfo Nobile, se comunicó mediante audios con su colega de intervención, el contador Andrés Shocron, donde “expresamente reconoce estar al tanto de la resolución y de las medidas dispuestas”. Incluso, señaló, se había acordado una reunión para el día siguiente. “De más está decir que la reunión – de suyo – no enerva el cumplimiento de la orden de V.S.”, subrayó el interventor.
A pesar de estar en conocimiento de la existencia de las cautelares, denunció que la cooperativa cortó el suministro de energía eléctrica, “poniendo en serio riesgo los activos de Vicentin y la seguridad del personal, ignorando deliberadamente una manda judicial la cual, reitero, era conocida”.
En su carta, Nudenberg manifestó que lo ocurrido “reviste la suficiente gravedad como para dar vista de lo acontecido a la Justicia Penal para que instruya las actuaciones que en su caso correspondan”.
El corte de luz en la planta de etanol se produjo en un contexto particularmente delicado para Vicentin. Días atrás, el juez había ordenado la intervención judicial del directorio por 120 días hábiles y suspendido en sus funciones a sus miembros. Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain debieron dejar sus cargos y no pueden ejercer funciones durante el período establecido.
La intervención, según la resolución judicial, tiene como objetivo la “prevención del daño en curso”, la “protección efectiva de la empresa económicamente viable” y, en caso de que no se logre evitar una quiebra, la “anticipación de medidas para resguardar las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos”.