El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no tardó en responder al revés judicial que recibió su ley contra la inmigración ilegal. En un video difundido en sus redes sociales, acusó a una jueza federal de actuar con sesgo ideológico y aseguró que el estado apelará la decisión que impide la aplicación de la normativa SB 4C. La disputa, que ya se instaló en el terreno judicial, podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

DeSantis contra el fallo: “Los arrestos fueron legales y la ley es constitucional”

El gobernador publicó un mensaje grabado en video en el que cuestionó con dureza la resolución judicial que bloqueó su legislación migratoria. En específico, acusó a la magistrada que dictó el fallo de actuar por motivaciones políticas y de invadir facultades que, según él, corresponden a los estados.

Ron DeSantis anunció apelación tras bloqueo judicial a la ley SB 4C

“Un nuevo día, otro juez activista federal que piensa que el Poder Judicial debería definir la política migratoria en lugar de los funcionarios electos”, afirmó DeSantis en su primera declaración pública sobre el fallo. El gobernador apuntó contra la magistrada del Distrito Sur de Florida, Kathleen M. Williams, a quien calificó como un “jueza liberal”, por haber considerado que las disposiciones de la ley estatal violan la Constitución de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que esperaba este tipo de reacción por parte de la Justicia y sostuvo que no le sorprendió el desenlace. “Anticipamos esto. Sabíamos que buscarían un foro favorable para obtener este resultado”, expresó, en clara referencia a la presentación que realizaron organizaciones civiles ante el Tribunal Federal.

Además, defendió la autoridad del estado de Florida para tomar medidas en materia migratoria: “Tenemos derecho, bajo nuestra Constitución estatal y nuestras facultades policiales, a responsabilizar a quienes ingresan ilegalmente”. En ese sentido, insistió en que los arrestos ya realizados fueron correctos y que las leyes que firmó “son totalmente constitucionales”.

DeSantis anticipó que el estado apelará el fallo y que está dispuesto a llevar el caso hasta la Corte Suprema. “No vamos a levantar el pie del acelerador en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias federales”, advirtió. También remarcó que existen convenios vigentes con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que muchas agencias estatales y locales fueron autorizadas a colaborar con las tareas migratorias.

Qué dice la ley SB 4C de DeSantis que quedó bloqueada

La norma firmada por DeSantis el pasado 13 de febrero permite que agentes policiales estatales y locales arresten y acusen penalmente a personas que hayan ingresado a Estados Unidos por fuera de los canales migratorios oficiales.

El gobernador presentó esta ley como un refuerzo a la seguridad estatal, pero los detractores aseguran que invade competencias federales y criminaliza a quienes están en proceso de regularizar su estatus migratorio.

El conflicto legal surgió a partir de una demanda federal presentada por organizaciones como Florida Immigrant Coalition y Farmworker Association of Florida. El documento judicial sostiene que la ley:

Contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales prevalecen por sobre las estatales.Criminaliza a personas con trámites migratorios en curso, incluidas víctimas de delitos que solicitaron visas humanitarias.Obliga a la policía estatal a tomar decisiones para las cuales no ha recibido capacitación en inmigración.No contempla excepciones para personas que huyen de la violencia o que tienen pedidos de asilo en trámite.

Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las entidades que promueve el litigio, calificaron la norma como “cruel y peligrosa”.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU en Florida, advirtió que la normativa “pretende arrebatarle poder al gobierno federal y otorgárselo a oficiales estatales sin formación, poniendo en riesgo a familias enteras”.

Mientras se resuelve la apelación, la normativa firmada por DeSantis sigue bloqueada. La justicia, por ahora, tiene la última palabra.

​

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no tardó en responder al revés judicial que recibió su ley contra la inmigración ilegal. En un video difundido en sus redes sociales, acusó a una jueza federal de actuar con sesgo ideológico y aseguró que el estado apelará la decisión que impide la aplicación de la normativa SB 4C. La disputa, que ya se instaló en el terreno judicial, podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

DeSantis contra el fallo: “Los arrestos fueron legales y la ley es constitucional”

El gobernador publicó un mensaje grabado en video en el que cuestionó con dureza la resolución judicial que bloqueó su legislación migratoria. En específico, acusó a la magistrada que dictó el fallo de actuar por motivaciones políticas y de invadir facultades que, según él, corresponden a los estados.

Ron DeSantis anunció apelación tras bloqueo judicial a la ley SB 4C

“Un nuevo día, otro juez activista federal que piensa que el Poder Judicial debería definir la política migratoria en lugar de los funcionarios electos”, afirmó DeSantis en su primera declaración pública sobre el fallo. El gobernador apuntó contra la magistrada del Distrito Sur de Florida, Kathleen M. Williams, a quien calificó como un “jueza liberal”, por haber considerado que las disposiciones de la ley estatal violan la Constitución de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que esperaba este tipo de reacción por parte de la Justicia y sostuvo que no le sorprendió el desenlace. “Anticipamos esto. Sabíamos que buscarían un foro favorable para obtener este resultado”, expresó, en clara referencia a la presentación que realizaron organizaciones civiles ante el Tribunal Federal.

Además, defendió la autoridad del estado de Florida para tomar medidas en materia migratoria: “Tenemos derecho, bajo nuestra Constitución estatal y nuestras facultades policiales, a responsabilizar a quienes ingresan ilegalmente”. En ese sentido, insistió en que los arrestos ya realizados fueron correctos y que las leyes que firmó “son totalmente constitucionales”.

DeSantis anticipó que el estado apelará el fallo y que está dispuesto a llevar el caso hasta la Corte Suprema. “No vamos a levantar el pie del acelerador en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias federales”, advirtió. También remarcó que existen convenios vigentes con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que muchas agencias estatales y locales fueron autorizadas a colaborar con las tareas migratorias.

Qué dice la ley SB 4C de DeSantis que quedó bloqueada

La norma firmada por DeSantis el pasado 13 de febrero permite que agentes policiales estatales y locales arresten y acusen penalmente a personas que hayan ingresado a Estados Unidos por fuera de los canales migratorios oficiales.

El gobernador presentó esta ley como un refuerzo a la seguridad estatal, pero los detractores aseguran que invade competencias federales y criminaliza a quienes están en proceso de regularizar su estatus migratorio.

El conflicto legal surgió a partir de una demanda federal presentada por organizaciones como Florida Immigrant Coalition y Farmworker Association of Florida. El documento judicial sostiene que la ley:

Contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales prevalecen por sobre las estatales.Criminaliza a personas con trámites migratorios en curso, incluidas víctimas de delitos que solicitaron visas humanitarias.Obliga a la policía estatal a tomar decisiones para las cuales no ha recibido capacitación en inmigración.No contempla excepciones para personas que huyen de la violencia o que tienen pedidos de asilo en trámite.

Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las entidades que promueve el litigio, calificaron la norma como “cruel y peligrosa”.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU en Florida, advirtió que la normativa “pretende arrebatarle poder al gobierno federal y otorgárselo a oficiales estatales sin formación, poniendo en riesgo a familias enteras”.

Mientras se resuelve la apelación, la normativa firmada por DeSantis sigue bloqueada. La justicia, por ahora, tiene la última palabra.