El Gobierno estableció la creación, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 379/25, de un mecanismo opcional de mediación previa a que los usuarios de obras sociales y entidades de medicina prepaga vayan a la Justicia a hacer un reclamo. Se trata del llamado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (Promesa).
La posibilidad de recurrir a esa herramienta (será optativa para los usuarios) estará activa dentro de 60 días, es decir, a principios de agosto. La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial y según fuentes del área de Salud del Gobierno, “el objetivo es agilizar la resolución en favor de los ciudadanos y desalentar la industria del amparo”.
Según se dispuso, el procedimiento tendrá plazos breves, de entre 5 y 7 días, para que el mediador haga su tarea y para que se realicen las audiencias. La participación de las partes requerirá de patrocinio o representación letrada y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no tengan recursos suficientes. La responsabilidad del funcionamiento del sistema recaerá sobre el Ministerio de Justicia de la Nación.
El Ministerio de Salud, en tanto solo intervendrá si es convocado por las partes “y en los casos que amerite”, según explican en el Gobierno. Agregan que esa dependencia “tendrá un rol fundamental en la capacitación que deberán realizar los mediadores que intervengan en el procedimiento, para garantizar su idoneidad en las problemáticas vinculadas a la salud”.
De acuerdo con los argumentos para la creación de la nueva instancia de búsqueda de acuerdos, la meta es conseguir que se descongestione el sistema judicial, “a partir de desalentar la industria del amparo” y que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a las prestaciones.
Según fuentes oficiales, en los últimos años hubo un incremento constante de la cantidad de amparos iniciados por usuarios de los servicios de las entidades. En 2023 se registró una suba de 20,52% en el número de casos respecto de 2022, en tanto que en 2024 hubo un aumento de 471,79% respecto del año previo.
Las causas de presentación de amparos tienen que ver muchas veces con la cobertura de ciertas prestaciones de alta complejidad o de determinados medicamentos.
Una razón que se sumó en los últimos tiempos, en el caso de las entidades prepagas, es la suba de cuotas que se originó a partir del DNU 70 emitido en diciembre de 2023, que eliminó toda intervención del Estado en la definición del aumento de los precios. Hasta 2023 regía, por ley, un sistema según el cual el Estado autorizaba las subas y determinaba el porcentaje máximo con una fórmula. Si bien durante 2024 esa medida de liberación de precios fue suspendida durante algunos meses, luego volvió a estar plenamente vigente.
El Gobierno estableció la creación, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 379/25, de un mecanismo opcional de mediación previa a que los usuarios de obras sociales y entidades de medicina prepaga vayan a la Justicia a hacer un reclamo. Se trata del llamado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (Promesa).
La posibilidad de recurrir a esa herramienta (será optativa para los usuarios) estará activa dentro de 60 días, es decir, a principios de agosto. La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial y según fuentes del área de Salud del Gobierno, “el objetivo es agilizar la resolución en favor de los ciudadanos y desalentar la industria del amparo”.
Según se dispuso, el procedimiento tendrá plazos breves, de entre 5 y 7 días, para que el mediador haga su tarea y para que se realicen las audiencias. La participación de las partes requerirá de patrocinio o representación letrada y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no tengan recursos suficientes. La responsabilidad del funcionamiento del sistema recaerá sobre el Ministerio de Justicia de la Nación.
El Ministerio de Salud, en tanto solo intervendrá si es convocado por las partes “y en los casos que amerite”, según explican en el Gobierno. Agregan que esa dependencia “tendrá un rol fundamental en la capacitación que deberán realizar los mediadores que intervengan en el procedimiento, para garantizar su idoneidad en las problemáticas vinculadas a la salud”.
De acuerdo con los argumentos para la creación de la nueva instancia de búsqueda de acuerdos, la meta es conseguir que se descongestione el sistema judicial, “a partir de desalentar la industria del amparo” y que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a las prestaciones.
Según fuentes oficiales, en los últimos años hubo un incremento constante de la cantidad de amparos iniciados por usuarios de los servicios de las entidades. En 2023 se registró una suba de 20,52% en el número de casos respecto de 2022, en tanto que en 2024 hubo un aumento de 471,79% respecto del año previo.
Las causas de presentación de amparos tienen que ver muchas veces con la cobertura de ciertas prestaciones de alta complejidad o de determinados medicamentos.
Una razón que se sumó en los últimos tiempos, en el caso de las entidades prepagas, es la suba de cuotas que se originó a partir del DNU 70 emitido en diciembre de 2023, que eliminó toda intervención del Estado en la definición del aumento de los precios. Hasta 2023 regía, por ley, un sistema según el cual el Estado autorizaba las subas y determinaba el porcentaje máximo con una fórmula. Si bien durante 2024 esa medida de liberación de precios fue suspendida durante algunos meses, luego volvió a estar plenamente vigente.