El conflicto entre Nación y Tierra del Fuego estaba latente desde la asunción de Javier Milei y se desató con el anuncio de la baja de aranceles para la importación de celulares, aire acondicionados y televisores. La isla, además de tener un régimen de promoción cuenta con un fondo fiduciario que acumula unos $180.000 millones. Hace un mes, en su presentación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno busca eliminarlo y sostuvo que su manejo es “poco transparente y opaco”. La administración está a cargo de tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
Los fideicomisos estuvieron en la mira de Milei, quien los tildó de “caja de la política”. Por decreto, ya se eliminaron 24, por ejemplo el de Desarrollo de Capital Emprendedor, el de Refinanciación Hipotecaria, el de Emergencias, el Progresar o el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El fueguino resiste.
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) fue creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández para complementar el régimen de promoción de 1972 y está constituido por aportes privados. Las ensambladoras radicadas en la isla, excepto las textiles, destinan 15% de los beneficios que les genera el no pago de IVA. El tres por ciento del FAMP se destina a gastos administrativos.
El régimen fiscal y aduanero especial de Tierra del Fuego tiene vigencia hasta finales de 2038 (fue extendido en 2023); el año pasado, algunos beneficios fueron acotados, como las exenciones impositivas y aduaneras a la mitad de las empresas del sector textil adheridas.
Noelia Ruiz, exdiputada bonaerense del PRO y cercana a Santiago Caputo, es quien preside el comité ejecutivo que administra ese fondo fiduciario que logró, hasta ahora, sobrevivir a los recortes que viene haciendo el gobierno nacional. Apenas asumió Milei, durante el debate de la Ley Bases, diferentes voces se levantaron preguntando por qué la Casa Rosada mantiene beneficios para la isla que tienen un costo fiscal de alrededor de 1000 millones de dólares.
En diciembre pasado, el directorio aprobó el proyecto de un puerto multimodal en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia, ambos impulsados por la empresa Mirgor, de los Caputo. También se discutió una iniciativa para Newsan y otro solicitado por la administración provincial de Gustavo Melella.
En total hay unas 40 iniciativas presentadas; la mitad, con la aprobación necesaria, pero la mayoría de esas, sin la asignación de fondos. Por caso, la provincia impulsó la interconexión de los gasoductos San Martín y Fueguino por $1260 millones y la ampliación de la matriz energética por $1450 millones, y la intendencia de Río Grande, la ejecución de infraestructura de un parque industrial por $5000 millones.
Por decreto, en febrero, el Gobierno actualizó la distribución del fondo fiduciario. El 60% debe destinarse al financiamiento de proyectos productivos, de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, y el 40% restante, a inversiones en obras de infraestructura de la provincia y sus municipios.
Quedó establecido que “en ningún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos para financiar gastos corrientes de la Administración Provincial ni de ninguna otra dependencia del Sector Público Nacional, Provincial y/o Municipal”.
También se fijó que las empresas adheridas puedan usar “hasta un 40% del monto correspondiente al aporte mensual obligatorio a proyectos de inversión productivos propios que se enmarquen en los objetivos de ampliación de la matriz productiva y mejora de la competitividad”. Antes debe aprobarlos el comité ejecutivo.
El conflicto entre Nación y Tierra del Fuego estaba latente desde la asunción de Javier Milei y se desató con el anuncio de la baja de aranceles para la importación de celulares, aire acondicionados y televisores. La isla, además de tener un régimen de promoción cuenta con un fondo fiduciario que acumula unos $180.000 millones. Hace un mes, en su presentación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno busca eliminarlo y sostuvo que su manejo es “poco transparente y opaco”. La administración está a cargo de tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
Los fideicomisos estuvieron en la mira de Milei, quien los tildó de “caja de la política”. Por decreto, ya se eliminaron 24, por ejemplo el de Desarrollo de Capital Emprendedor, el de Refinanciación Hipotecaria, el de Emergencias, el Progresar o el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El fueguino resiste.
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) fue creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández para complementar el régimen de promoción de 1972 y está constituido por aportes privados. Las ensambladoras radicadas en la isla, excepto las textiles, destinan 15% de los beneficios que les genera el no pago de IVA. El tres por ciento del FAMP se destina a gastos administrativos.
El régimen fiscal y aduanero especial de Tierra del Fuego tiene vigencia hasta finales de 2038 (fue extendido en 2023); el año pasado, algunos beneficios fueron acotados, como las exenciones impositivas y aduaneras a la mitad de las empresas del sector textil adheridas.
Noelia Ruiz, exdiputada bonaerense del PRO y cercana a Santiago Caputo, es quien preside el comité ejecutivo que administra ese fondo fiduciario que logró, hasta ahora, sobrevivir a los recortes que viene haciendo el gobierno nacional. Apenas asumió Milei, durante el debate de la Ley Bases, diferentes voces se levantaron preguntando por qué la Casa Rosada mantiene beneficios para la isla que tienen un costo fiscal de alrededor de 1000 millones de dólares.
En diciembre pasado, el directorio aprobó el proyecto de un puerto multimodal en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia, ambos impulsados por la empresa Mirgor, de los Caputo. También se discutió una iniciativa para Newsan y otro solicitado por la administración provincial de Gustavo Melella.
En total hay unas 40 iniciativas presentadas; la mitad, con la aprobación necesaria, pero la mayoría de esas, sin la asignación de fondos. Por caso, la provincia impulsó la interconexión de los gasoductos San Martín y Fueguino por $1260 millones y la ampliación de la matriz energética por $1450 millones, y la intendencia de Río Grande, la ejecución de infraestructura de un parque industrial por $5000 millones.
Por decreto, en febrero, el Gobierno actualizó la distribución del fondo fiduciario. El 60% debe destinarse al financiamiento de proyectos productivos, de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, y el 40% restante, a inversiones en obras de infraestructura de la provincia y sus municipios.
Quedó establecido que “en ningún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos para financiar gastos corrientes de la Administración Provincial ni de ninguna otra dependencia del Sector Público Nacional, Provincial y/o Municipal”.
También se fijó que las empresas adheridas puedan usar “hasta un 40% del monto correspondiente al aporte mensual obligatorio a proyectos de inversión productivos propios que se enmarquen en los objetivos de ampliación de la matriz productiva y mejora de la competitividad”. Antes debe aprobarlos el comité ejecutivo.