Una de las ciudades más grandes de Florida, ha adoptado una postura que marca un precedente en Estados Unidos: penalizar la presencia de inmigrantes sin autorización legal dentro de su jurisdicción. La decisión fue tomada en Jacksonville a través de una nueva ordenanza municipal que impone sanciones penales a personas que residan en la ciudad sin documentos migratorios válidos. La medida contempla sentencias obligatorias de hasta 60 días de detención en cárceles locales.
Qué establece la nueva legislación contra inmigrantes en Jacksonville
La iniciativa, impulsada por el concejal Kevin Carrico, fue aprobada por 12 votos a favor y cinco en contra en el Concejo Municipal, según lo retomado por WUSF. Su objetivo es reforzar la aplicación de leyes migratorias en coordinación con agencias estatales y federales.
La ordenanza, aprobada por el ayuntamiento y que espera la firma de la alcaldesa Donna Deegan para entrar en vigor, establece que toda persona considerada “extranjero no autorizado” será objeto de notificación a las autoridades migratorias federales y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).
El nuevo capítulo se incorporaría al Código de Ordenanzas de Jacksonville que define penalidades específicas para quienes ingresen o permanezcan en la ciudad sin estatus migratorio regular. Una vez detenidos, estos individuos no podrán acceder a programas de desvío previos al arresto ni a alternativas penales como la libertad condicional.
Además, de acuerdo al documento oficial, la medida contempla una inversión de 76.250 dólares del presupuesto municipal para la compra de 25 dispositivos portátiles de lectura de huellas dactilares. Estos equipos serán entregados a la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) con el propósito de facilitar la identificación de extranjeros y la verificación de sus estatus migratorios.
Reacciones en Jacksonville por la nueva ordenanza
Los concejales que respaldaron la iniciativa argumentaron que se trata de una herramienta para fortalecer la seguridad pública y colaborar con las autoridades migratorias. “Este proyecto se dirige a las personas que ya viven aquí ilegalmente, habiendo violado la ley”, señaló el concejal Nick Howland durante una entrevista con el programa The Florida Roundup, de acuerdo con WLRN.
Howland también subrayó que la ordenanza no cambia el procedimiento de arresto, ya que los agentes solo podrán utilizar los escáneres de huellas tras una detención legal con causa justificada. Para los impulsores, esta normativa representa una forma de cumplir con las obligaciones legales que la Legislatura de Florida exige a los gobiernos municipales.
Por otra parte, la ordenanza generó un fuerte rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y algunos funcionarios públicos. Entre ellos se encuentra el concejal Jimmy Peluso, quien calificó la medida como un acto de intimidación hacia comunidades específicas.
“Este proyecto de ley es una mancha para nuestro condado, nuestra ciudad y sus residentes. Es una ofensa a la enorme población de Jacksonville, que no es blanca”, expresó Peluso.
Qué dijo la alcadesa Donna Deegan: ¿firmará la ley?
Por su parte, la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, manifestó que está de acuerdo con la compra de escáneres de huellas dactilares, aunque dijo que no tomará una decisión apresurada y que revisará cada detalle con los abogados de la ciudad. En una declaración pública, también reafirmó su respaldo a la comunidad inmigrante y sostuvo que no veía una vía efectiva para frenar la promulgación de la ley.
“A todos los inmigrantes que viven aquí, ya sea que lleven décadas o acaben de llegar, quiero que escuchen esto de su alcalde: pertenecen, importan, son queridos y seguiremos apoyándolos”, publicó en su cuenta oficial de X.
Para que esta ley entre en vigor debe tener la aprobación de la alcaldesa, quien aún no ha tomado una decisión oficial al respecto.
La medida se inscribe en un entorno político cada vez más duro con la inmigración en Florida. Sin ir más lejos, el gobernador Ron DeSantis ha impulsado leyes estatales que refuerzan la cooperación entre policías locales y agencias migratorias, al tiempo que ha tomado posiciones alineadas con la estrategia federal del presidente Donald Trump.
Una de las ciudades más grandes de Florida, ha adoptado una postura que marca un precedente en Estados Unidos: penalizar la presencia de inmigrantes sin autorización legal dentro de su jurisdicción. La decisión fue tomada en Jacksonville a través de una nueva ordenanza municipal que impone sanciones penales a personas que residan en la ciudad sin documentos migratorios válidos. La medida contempla sentencias obligatorias de hasta 60 días de detención en cárceles locales.
Qué establece la nueva legislación contra inmigrantes en Jacksonville
La iniciativa, impulsada por el concejal Kevin Carrico, fue aprobada por 12 votos a favor y cinco en contra en el Concejo Municipal, según lo retomado por WUSF. Su objetivo es reforzar la aplicación de leyes migratorias en coordinación con agencias estatales y federales.
La ordenanza, aprobada por el ayuntamiento y que espera la firma de la alcaldesa Donna Deegan para entrar en vigor, establece que toda persona considerada “extranjero no autorizado” será objeto de notificación a las autoridades migratorias federales y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).
El nuevo capítulo se incorporaría al Código de Ordenanzas de Jacksonville que define penalidades específicas para quienes ingresen o permanezcan en la ciudad sin estatus migratorio regular. Una vez detenidos, estos individuos no podrán acceder a programas de desvío previos al arresto ni a alternativas penales como la libertad condicional.
Además, de acuerdo al documento oficial, la medida contempla una inversión de 76.250 dólares del presupuesto municipal para la compra de 25 dispositivos portátiles de lectura de huellas dactilares. Estos equipos serán entregados a la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) con el propósito de facilitar la identificación de extranjeros y la verificación de sus estatus migratorios.
Reacciones en Jacksonville por la nueva ordenanza
Los concejales que respaldaron la iniciativa argumentaron que se trata de una herramienta para fortalecer la seguridad pública y colaborar con las autoridades migratorias. “Este proyecto se dirige a las personas que ya viven aquí ilegalmente, habiendo violado la ley”, señaló el concejal Nick Howland durante una entrevista con el programa The Florida Roundup, de acuerdo con WLRN.
Howland también subrayó que la ordenanza no cambia el procedimiento de arresto, ya que los agentes solo podrán utilizar los escáneres de huellas tras una detención legal con causa justificada. Para los impulsores, esta normativa representa una forma de cumplir con las obligaciones legales que la Legislatura de Florida exige a los gobiernos municipales.
Por otra parte, la ordenanza generó un fuerte rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y algunos funcionarios públicos. Entre ellos se encuentra el concejal Jimmy Peluso, quien calificó la medida como un acto de intimidación hacia comunidades específicas.
“Este proyecto de ley es una mancha para nuestro condado, nuestra ciudad y sus residentes. Es una ofensa a la enorme población de Jacksonville, que no es blanca”, expresó Peluso.
Qué dijo la alcadesa Donna Deegan: ¿firmará la ley?
Por su parte, la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, manifestó que está de acuerdo con la compra de escáneres de huellas dactilares, aunque dijo que no tomará una decisión apresurada y que revisará cada detalle con los abogados de la ciudad. En una declaración pública, también reafirmó su respaldo a la comunidad inmigrante y sostuvo que no veía una vía efectiva para frenar la promulgación de la ley.
“A todos los inmigrantes que viven aquí, ya sea que lleven décadas o acaben de llegar, quiero que escuchen esto de su alcalde: pertenecen, importan, son queridos y seguiremos apoyándolos”, publicó en su cuenta oficial de X.
Para que esta ley entre en vigor debe tener la aprobación de la alcaldesa, quien aún no ha tomado una decisión oficial al respecto.
La medida se inscribe en un entorno político cada vez más duro con la inmigración en Florida. Sin ir más lejos, el gobernador Ron DeSantis ha impulsado leyes estatales que refuerzan la cooperación entre policías locales y agencias migratorias, al tiempo que ha tomado posiciones alineadas con la estrategia federal del presidente Donald Trump.