El Gobierno evalúa trasladar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad a Campo de Mayo

El Gobierno analiza mudar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad de un sector de la cárcel de Ezeiza a otro penal del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en el interior del predio militar de Campo de Mayo.

Se trata de una prisión que funciona desde 2007 que alberga, por ejemplo, al excapellán de la Policía Christian Von Wernich y donde murieron el expolicía federal Julio Héctor Simón,​ conocido como “el Turco Julián”, torturador del centro clandestino “El Olimpo”, y el capitán Héctor Pedro Vergéz.

Organismos de Derechos humanos dijeron que el traslado implicaba darle beneficios a los 19 detenidos, por la comodidad del lugar. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a LA NACION que no se trata de un penal VIP, sino de una cárcel que funciona desde la época de la gestión kirchnerista, donde se alojaron a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

El traslado a ese penal obedece a una restructuración en la distribución de los detenidos en cárceles federales, motivada por la falta de cupos para los presos federales que son arrestados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Ese incremento se suma a un cambio en el perfil de los detenidos y condenados, donde creció la cantidad de mujeres sentenciadas por delitos graves y que tienen un alto de grado de peligrosidad, dijeron las fuentes.

La unidad 4, que es exclusivamente para mujeres ya no tiene más capacidad. Y la Unidad 31 de Ezeiza alberga a hombres y mujeres.

Pero el Gobierno decidió trasladar a los hombres y que queden solo mujeres de alta peligrosidad.

Entre los presos que serán trasladados a Campo de Mayo están los 19 militares, incluido por ejemplo, Alfredo Astiz, Antonio Pernías o Ricardo Cavallo, todos con condena a prisión perpetua.

También está entre los trasladados Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Rádice, y Luis Navarro.

Otros detenidos en ese penal, como es el caso del exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime, será traslado a otro lugar. En ese lugar de Campo de Mayo ya había alojados otros 50 militares.

El 7 de agosto del año pasado trascendió que un grupo de diputados libertarios había visitado unos días antes a los represores alojados en el penal de Ezeiza. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de La Libertad Avanza y bloques opositores, fueron: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION. Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió.

El Gobierno analiza mudar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad de un sector de la cárcel de Ezeiza a otro penal del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en el interior del predio militar de Campo de Mayo.

Se trata de una prisión que funciona desde 2007 que alberga, por ejemplo, al excapellán de la Policía Christian Von Wernich y donde murieron el expolicía federal Julio Héctor Simón,​ conocido como “el Turco Julián”, torturador del centro clandestino “El Olimpo”, y el capitán Héctor Pedro Vergéz.

Organismos de Derechos humanos dijeron que el traslado implicaba darle beneficios a los 19 detenidos, por la comodidad del lugar. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a LA NACION que no se trata de un penal VIP, sino de una cárcel que funciona desde la época de la gestión kirchnerista, donde se alojaron a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

El traslado a ese penal obedece a una restructuración en la distribución de los detenidos en cárceles federales, motivada por la falta de cupos para los presos federales que son arrestados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Ese incremento se suma a un cambio en el perfil de los detenidos y condenados, donde creció la cantidad de mujeres sentenciadas por delitos graves y que tienen un alto de grado de peligrosidad, dijeron las fuentes.

La unidad 4, que es exclusivamente para mujeres ya no tiene más capacidad. Y la Unidad 31 de Ezeiza alberga a hombres y mujeres.

Pero el Gobierno decidió trasladar a los hombres y que queden solo mujeres de alta peligrosidad.

Entre los presos que serán trasladados a Campo de Mayo están los 19 militares, incluido por ejemplo, Alfredo Astiz, Antonio Pernías o Ricardo Cavallo, todos con condena a prisión perpetua.

También está entre los trasladados Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Rádice, y Luis Navarro.

Otros detenidos en ese penal, como es el caso del exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime, será traslado a otro lugar. En ese lugar de Campo de Mayo ya había alojados otros 50 militares.

El 7 de agosto del año pasado trascendió que un grupo de diputados libertarios había visitado unos días antes a los represores alojados en el penal de Ezeiza. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de La Libertad Avanza y bloques opositores, fueron: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION. Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió.

 

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