En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el avance del plan de deportaciones masivas promovido por Donald Trump, una empresa privada ha comenzado a capitalizar esta nueva fase de control fronterizo. Deployed Resources, una compañía conocida por prestar servicios logísticos en festivales como Lollapalooza, ahora asumió un nuevo rol: gestionar instalaciones de detención para migrantes arrestados dentro del territorio estadounidense.
De armar festivales de música a centros de detención
Según un informe de ProPublica, una organización sin fines de lucro que investiga abusos de poder, Deployed Resources obtuvo un contrato de hasta US$3,8 millones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para operar un campo de detención en Fort Bliss, Texas.
Este contrato representa el más grande en la historia de la empresa y forma parte de un nuevo enfoque federal que contempla el uso de tiendas de campaña en bases militares como espacio para retener a migrantes detenidos antes de ser deportados.
La empresa, fundada por Richard Stapleton y Robert Napior, comenzó sus servicios con el suministro de sanitarios portátiles y estructuras temporales en eventos masivos, como el festival Bonnaroo en Tennessee, el Superbowl y el Lollapalooza, entre otros.
Un encuentro clave con un exfuncionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en 2005 les abrió la puerta al ecosistema de contratistas federales vinculados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En las dos décadas siguientes, la compañía incorporó a más de una decena de exfuncionarios gubernamentales y comenzó a expandirse en áreas relacionadas con la respuesta a emergencias por desastres climáticos y, progresivamente, al sistema migratorio.
Fort Bliss: epicentro del nuevo modelo de detención
Con el anuncio de que ICE trasladará detenidos a una instalación administrada por Deployed Resources en El Paso, Texas, la atención se centró en Fort Bliss, una base del ejército estadounidense que ahora será reutilizada como espacio para alojar a migrantes en espera de deportación.
Funcionarios del Departamento de Defensa (DOD) confirmaron en una entrevista con CNN que se construirá una infraestructura con capacidad para hasta 5000 personas, aunque bajo gestión civil. Por ley, el personal militar no puede participar en labores de control migratorio, por lo que Deployed y otras firmas contratistas estarán a cargo de la operación.
El plan incluye modificaciones estructurales a carpas previamente utilizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ahora serán reforzadas con materiales rígidos para mejorar su seguridad y funcionalidad. La operación, en parte, se financiará con recursos del DOD, bajo la declaración de emergencia nacional en la frontera sur.
Los registros revisados por ProPublica indican que, hasta la fecha, Deployed Resources y su empresa hermana Deployed Services han recibido más de US$4 millones en contratos federales relacionados con la gestión de infraestructura fronteriza. La compañía también obtuvo un contrato adicional por US$5 millones para suministrar personal de seguridad desarmado.
Contratos a futuro y expansión del modelo
La proyección del gobierno es que el gasto total en nuevas instalaciones de detención puede llegar a US$45 millones en los próximos años. Esto generó una nueva “fiebre de contratos” entre empresas que prestan servicios logísticos y de seguridad.
En una visita reciente a Fort Bliss, representantes de al menos diez compañías privadas, que incluyen además de Deployed Resources a CoreCivic y The GEO Group, dos gigantes del sector carcelario, recorrieron el sitio junto a funcionarios del DHS para evaluar las oportunidades de negocio, según la investigación por parte de la organización estadounidense.
Los requerimientos mínimos de ICE incluyen separación por género, espacios familiares, zonas de aislamiento para personas con comportamiento violento y lugares para reuniones legales. No se ha informado si las instalaciones actuales cumplen con estos estándares.
La expansión de Deployed Resources desde el sector del entretenimiento hasta la detención migratoria refleja el modo en que empresas privadas han adaptado sus operaciones a las prioridades cambiantes del gobierno federal.
En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el avance del plan de deportaciones masivas promovido por Donald Trump, una empresa privada ha comenzado a capitalizar esta nueva fase de control fronterizo. Deployed Resources, una compañía conocida por prestar servicios logísticos en festivales como Lollapalooza, ahora asumió un nuevo rol: gestionar instalaciones de detención para migrantes arrestados dentro del territorio estadounidense.
De armar festivales de música a centros de detención
Según un informe de ProPublica, una organización sin fines de lucro que investiga abusos de poder, Deployed Resources obtuvo un contrato de hasta US$3,8 millones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para operar un campo de detención en Fort Bliss, Texas.
Este contrato representa el más grande en la historia de la empresa y forma parte de un nuevo enfoque federal que contempla el uso de tiendas de campaña en bases militares como espacio para retener a migrantes detenidos antes de ser deportados.
La empresa, fundada por Richard Stapleton y Robert Napior, comenzó sus servicios con el suministro de sanitarios portátiles y estructuras temporales en eventos masivos, como el festival Bonnaroo en Tennessee, el Superbowl y el Lollapalooza, entre otros.
Un encuentro clave con un exfuncionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en 2005 les abrió la puerta al ecosistema de contratistas federales vinculados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En las dos décadas siguientes, la compañía incorporó a más de una decena de exfuncionarios gubernamentales y comenzó a expandirse en áreas relacionadas con la respuesta a emergencias por desastres climáticos y, progresivamente, al sistema migratorio.
Fort Bliss: epicentro del nuevo modelo de detención
Con el anuncio de que ICE trasladará detenidos a una instalación administrada por Deployed Resources en El Paso, Texas, la atención se centró en Fort Bliss, una base del ejército estadounidense que ahora será reutilizada como espacio para alojar a migrantes en espera de deportación.
Funcionarios del Departamento de Defensa (DOD) confirmaron en una entrevista con CNN que se construirá una infraestructura con capacidad para hasta 5000 personas, aunque bajo gestión civil. Por ley, el personal militar no puede participar en labores de control migratorio, por lo que Deployed y otras firmas contratistas estarán a cargo de la operación.
El plan incluye modificaciones estructurales a carpas previamente utilizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ahora serán reforzadas con materiales rígidos para mejorar su seguridad y funcionalidad. La operación, en parte, se financiará con recursos del DOD, bajo la declaración de emergencia nacional en la frontera sur.
Los registros revisados por ProPublica indican que, hasta la fecha, Deployed Resources y su empresa hermana Deployed Services han recibido más de US$4 millones en contratos federales relacionados con la gestión de infraestructura fronteriza. La compañía también obtuvo un contrato adicional por US$5 millones para suministrar personal de seguridad desarmado.
Contratos a futuro y expansión del modelo
La proyección del gobierno es que el gasto total en nuevas instalaciones de detención puede llegar a US$45 millones en los próximos años. Esto generó una nueva “fiebre de contratos” entre empresas que prestan servicios logísticos y de seguridad.
En una visita reciente a Fort Bliss, representantes de al menos diez compañías privadas, que incluyen además de Deployed Resources a CoreCivic y The GEO Group, dos gigantes del sector carcelario, recorrieron el sitio junto a funcionarios del DHS para evaluar las oportunidades de negocio, según la investigación por parte de la organización estadounidense.
Los requerimientos mínimos de ICE incluyen separación por género, espacios familiares, zonas de aislamiento para personas con comportamiento violento y lugares para reuniones legales. No se ha informado si las instalaciones actuales cumplen con estos estándares.
La expansión de Deployed Resources desde el sector del entretenimiento hasta la detención migratoria refleja el modo en que empresas privadas han adaptado sus operaciones a las prioridades cambiantes del gobierno federal.