“El sistema está en riesgo”, sostuvo la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Silvia Bettiol. La organización lanzó la alarma sobre un tema ya recurrente en los pedidos empresarios: la industria del juicio. Según sus proyecciones, el año 2025 terminará con 132.100 litigios nuevos y, así, se convertiría en el peor año desde que se tiene registro.
La estimación de la UART consideró que “en los últimos 12 meses, el promedio de nuevos juicios supera los 10.000 mensuales”. De hecho, marzo contribuyó a elevar dicha métrica, ya que totalizó 11.546 litigios iniciados. Para ponerlo en perspectiva: eso equivale a 372 por día, o 15 por hora.
“El crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema, sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”, destacó Bettiol. En la misma línea, la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha manifestado en reiteradas oportunidades sobre el asunto.
Una comparación con otros países refleja una situación paradójica. Los datos de la UART indican que la Argentina posee un grado de siniestralidad de 32,6 cada millón de trabajadores. España tiene una cifra similar (30,6) y Chile, 25,5. Pese a esta aparente paridad, la litigiosidad entre ellos presenta números que rompen cualquier grado de parentesco. Mientras que España muestra una tasa de 8,5 juicios cada 10.000 trabajadores y Chile una de 5,8, en la Argentina el número asciende a 114,2, es decir, entre 11 y 16 veces más.
Además, en el sector hablan de una “paradoja”, ya que observan una reducción de siniestros, tanto por accidentes como por fallecimientos. Asimismo, registran una baja continua en la incapacidad permanente, que en 2017 se ubicaba en 7,4 puntos promedio y actualmente está en 6,6 puntos. La incapacidad es la medida que se utiliza para determinar el tamaño de la cobertura que la aseguradora debe brindar.
“La proyección para 2025 supera el último récord de 2017, cuando se registraron 130.700 juicios. Ese volumen de litigiosidad de 2017 puso al borde del colapso al sistema y derivó en una reforma de la ley de Riesgos del Trabajo que fijó parámetros claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia”, indicó la UART en su comunicado oficial..
Reclaman la implementación de la ley 27.348, aprobada en 2017, explica buena parte de esta situación. “Si se aplicara, los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa”, sostuvo un importante representante del sector.
La modificación más relevante que plantea esta normativa es la creación y participación de cuerpos médicos forenses, encargados de determinar el grado de incapacidad del trabajador tras un daño. Actualmente, intervienen peritos que, según sostuvo la UART en un comunicado, cobran honorarios “atados al monto de la sentencia”. Las aseguradoras insisten en que deberían percibir ingresos fijos por su tarea, y no en proporción al tamaño de la resolución del juicio.
Una comparación interprovincial sostiene la posición de la UART. Identificaron que en Mendoza, Salta y Río Negro intervienen peritos que dependen del Poder Judicial jurisdiccional. De este modo, presentan cifras que muestran que mientras que la tasa de litigiosidad nacional es de 124,1, en Salta es de 3 y en Río Negro asciende a 30,8, muy por debajo de otras provincias como Chubut, donde alcanza 164,3.
Según un informe de la UART, los peritos judiciales suelen registrar un promedio de 12,5 puntos de incapacidad más que lo observado en la instancia administrativa. “Esto terminaría con sobrecostos, ya que se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario”, afirmaron.
La adhesión e implementación de un sistema de cuerpos médicos forenses para la litigiosidad laboral depende de cada provincia.
“El sistema está en riesgo”, sostuvo la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Silvia Bettiol. La organización lanzó la alarma sobre un tema ya recurrente en los pedidos empresarios: la industria del juicio. Según sus proyecciones, el año 2025 terminará con 132.100 litigios nuevos y, así, se convertiría en el peor año desde que se tiene registro.
La estimación de la UART consideró que “en los últimos 12 meses, el promedio de nuevos juicios supera los 10.000 mensuales”. De hecho, marzo contribuyó a elevar dicha métrica, ya que totalizó 11.546 litigios iniciados. Para ponerlo en perspectiva: eso equivale a 372 por día, o 15 por hora.
“El crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema, sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”, destacó Bettiol. En la misma línea, la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha manifestado en reiteradas oportunidades sobre el asunto.
Una comparación con otros países refleja una situación paradójica. Los datos de la UART indican que la Argentina posee un grado de siniestralidad de 32,6 cada millón de trabajadores. España tiene una cifra similar (30,6) y Chile, 25,5. Pese a esta aparente paridad, la litigiosidad entre ellos presenta números que rompen cualquier grado de parentesco. Mientras que España muestra una tasa de 8,5 juicios cada 10.000 trabajadores y Chile una de 5,8, en la Argentina el número asciende a 114,2, es decir, entre 11 y 16 veces más.
Además, en el sector hablan de una “paradoja”, ya que observan una reducción de siniestros, tanto por accidentes como por fallecimientos. Asimismo, registran una baja continua en la incapacidad permanente, que en 2017 se ubicaba en 7,4 puntos promedio y actualmente está en 6,6 puntos. La incapacidad es la medida que se utiliza para determinar el tamaño de la cobertura que la aseguradora debe brindar.
“La proyección para 2025 supera el último récord de 2017, cuando se registraron 130.700 juicios. Ese volumen de litigiosidad de 2017 puso al borde del colapso al sistema y derivó en una reforma de la ley de Riesgos del Trabajo que fijó parámetros claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia”, indicó la UART en su comunicado oficial..
Reclaman la implementación de la ley 27.348, aprobada en 2017, explica buena parte de esta situación. “Si se aplicara, los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa”, sostuvo un importante representante del sector.
La modificación más relevante que plantea esta normativa es la creación y participación de cuerpos médicos forenses, encargados de determinar el grado de incapacidad del trabajador tras un daño. Actualmente, intervienen peritos que, según sostuvo la UART en un comunicado, cobran honorarios “atados al monto de la sentencia”. Las aseguradoras insisten en que deberían percibir ingresos fijos por su tarea, y no en proporción al tamaño de la resolución del juicio.
Una comparación interprovincial sostiene la posición de la UART. Identificaron que en Mendoza, Salta y Río Negro intervienen peritos que dependen del Poder Judicial jurisdiccional. De este modo, presentan cifras que muestran que mientras que la tasa de litigiosidad nacional es de 124,1, en Salta es de 3 y en Río Negro asciende a 30,8, muy por debajo de otras provincias como Chubut, donde alcanza 164,3.
Según un informe de la UART, los peritos judiciales suelen registrar un promedio de 12,5 puntos de incapacidad más que lo observado en la instancia administrativa. “Esto terminaría con sobrecostos, ya que se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario”, afirmaron.
La adhesión e implementación de un sistema de cuerpos médicos forenses para la litigiosidad laboral depende de cada provincia.