No fue por la exportada motosierra ni por el recorte del gasto público. En un panel que debatió cómo impulsar al sector privado a través de nuevas regulaciones o desregulaciones, áreas en las que la gestión de Javier Milei ha profundizado, la Argentina apareció en la discusión como un ejemplo de “imprevisibilidad política”.
Uno de los platos fuertes de la primera jornada de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era el panel titulado: “Impulso al sector privado en América Latina y el Caribe”. El moderador de la charla, el editor del Financial Times para América Latina, Michael Stott, preguntó: “Sabemos que en América Latina una queja común del sector privado es la imprevisibilidad e incertidumbre política. Gran parte de la región se encuentra en un ciclo político de cuatro años, en algunos casos copiando la idea estadounidense de celebrar elecciones legislativas a mitad de período, convirtiéndolo en un ciclo político de dos años, como en la Argentina. Y a menudo se producen estos vaivenes políticos entre la izquierda y la derecha. ¿Ve alguna manera de generar consenso en las élites políticas de América Latina sobre el camino correcto para acelerar el crecimiento, la manera correcta de involucrar al sector privado y, posteriormente, crear un consenso que perdure más allá de un ciclo político?”.
Esa fue la única alocución en la que se mencionó al país. Y, como si sumara algo de tensión, esas palabras estuvieron dirigidas a un funcionario del FMI que recibió duras críticas de parte del presidente Milei. Se trata del director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés.
“Somos una región con sistemas presidenciales muy diferentes a los de otras partes”, comenzó a responder Valdés. A propósito del factor de la imprevisibilidad política, identificó como rasgo distintivo del sistema “a presidentes que llegan al poder con un mandato (ideas, planes, propuestas) que no cumplen debido a que tienen una minoría en el Congreso”. Sin mencionar a la Argentina o directamente a Milei, el funcionario del Fondo describió una debilidad parlamentaria coherente con la situación de La Libertad Avanza.
Precisamente, estas declaraciones tuvieron lugar una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara el DNU sobre el acuerdo con el FMI y no un proyecto de ley, como reclamaron distintos sectores políticos.
Durante el año pasado, Milei direccionó comentarios ásperos contra Valdés. Lo describió como alguien que “tiene mala intención” y “no quiere que le vaya bien a Argentina”. Casi dos meses después de esas palabras, en septiembre, Valdés dejó de participar en las negociaciones entre el FMI y el país, y Luis Cubeddu quedó como el referente.
El final del panel contó con participación de los asistentes. El moderador abrió preguntas al público y este medio consultó a Valdés sobre cómo avanzan las actuales negociaciones entre el FMI y la Argentina. “No tengo nada que agregar a lo que ya comunicó el Fondo”, contestó. Previo a eso, el funcionario del Fondo había hablado de tres factores clave para impulsar al sector privado. Primero mencionó al costo de acceso al capital, al que asoció al gasto público, ya que, según expresó, el déficit tiene “efecto colateral”.
Luego, sostuvo que el grado de previsibilidad de un país puede ayudar a la inversión privada. En este apartado indicó que los esquemas impositivos deben ser “estructuras que no estén en revisión”. No hizo alusión a Argentina, pero el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros, pero su vigencia se extiende hasta 2026, con posibilidad de prórroga de un año. ¿Qué sucederá después? Nadie lo sabe. Hasta el momento, la suma de dinero de los proyectos que buscan aplicar al RIGI asciende a US$11.500 millones.
La seguridad fue la tercera clave de apoyo al sector privado enumerada por Valdés. El funcionario del Fondo dijo que si los países lograsen bajar a la mitad, los homicidios podrían favorecer un crecimiento anual del 0,5% del tamaño de su economía.
En la misma sintonía, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, consideró que el sector público “no puede solo” y “debe generar las condiciones” para el desarrollo de los privados. Destacó la necesidad de tener “leyes, instituciones e infraestructura”.
Previamente, había anunciado el aumento de la capacidad crediticia del BID que actualmente es de US$25.000 millones por año y aspira llegar a US$38.000 millones anuales en 2030. Fuentes del organismo indicaron que la mitad de ese incremento podría estar dirigida a actores del sector privado y la otra a los Estados.
No fue por la exportada motosierra ni por el recorte del gasto público. En un panel que debatió cómo impulsar al sector privado a través de nuevas regulaciones o desregulaciones, áreas en las que la gestión de Javier Milei ha profundizado, la Argentina apareció en la discusión como un ejemplo de “imprevisibilidad política”.
Uno de los platos fuertes de la primera jornada de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era el panel titulado: “Impulso al sector privado en América Latina y el Caribe”. El moderador de la charla, el editor del Financial Times para América Latina, Michael Stott, preguntó: “Sabemos que en América Latina una queja común del sector privado es la imprevisibilidad e incertidumbre política. Gran parte de la región se encuentra en un ciclo político de cuatro años, en algunos casos copiando la idea estadounidense de celebrar elecciones legislativas a mitad de período, convirtiéndolo en un ciclo político de dos años, como en la Argentina. Y a menudo se producen estos vaivenes políticos entre la izquierda y la derecha. ¿Ve alguna manera de generar consenso en las élites políticas de América Latina sobre el camino correcto para acelerar el crecimiento, la manera correcta de involucrar al sector privado y, posteriormente, crear un consenso que perdure más allá de un ciclo político?”.
Esa fue la única alocución en la que se mencionó al país. Y, como si sumara algo de tensión, esas palabras estuvieron dirigidas a un funcionario del FMI que recibió duras críticas de parte del presidente Milei. Se trata del director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés.
“Somos una región con sistemas presidenciales muy diferentes a los de otras partes”, comenzó a responder Valdés. A propósito del factor de la imprevisibilidad política, identificó como rasgo distintivo del sistema “a presidentes que llegan al poder con un mandato (ideas, planes, propuestas) que no cumplen debido a que tienen una minoría en el Congreso”. Sin mencionar a la Argentina o directamente a Milei, el funcionario del Fondo describió una debilidad parlamentaria coherente con la situación de La Libertad Avanza.
Precisamente, estas declaraciones tuvieron lugar una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara el DNU sobre el acuerdo con el FMI y no un proyecto de ley, como reclamaron distintos sectores políticos.
Durante el año pasado, Milei direccionó comentarios ásperos contra Valdés. Lo describió como alguien que “tiene mala intención” y “no quiere que le vaya bien a Argentina”. Casi dos meses después de esas palabras, en septiembre, Valdés dejó de participar en las negociaciones entre el FMI y el país, y Luis Cubeddu quedó como el referente.
El final del panel contó con participación de los asistentes. El moderador abrió preguntas al público y este medio consultó a Valdés sobre cómo avanzan las actuales negociaciones entre el FMI y la Argentina. “No tengo nada que agregar a lo que ya comunicó el Fondo”, contestó. Previo a eso, el funcionario del Fondo había hablado de tres factores clave para impulsar al sector privado. Primero mencionó al costo de acceso al capital, al que asoció al gasto público, ya que, según expresó, el déficit tiene “efecto colateral”.
Luego, sostuvo que el grado de previsibilidad de un país puede ayudar a la inversión privada. En este apartado indicó que los esquemas impositivos deben ser “estructuras que no estén en revisión”. No hizo alusión a Argentina, pero el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros, pero su vigencia se extiende hasta 2026, con posibilidad de prórroga de un año. ¿Qué sucederá después? Nadie lo sabe. Hasta el momento, la suma de dinero de los proyectos que buscan aplicar al RIGI asciende a US$11.500 millones.
La seguridad fue la tercera clave de apoyo al sector privado enumerada por Valdés. El funcionario del Fondo dijo que si los países lograsen bajar a la mitad, los homicidios podrían favorecer un crecimiento anual del 0,5% del tamaño de su economía.
En la misma sintonía, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, consideró que el sector público “no puede solo” y “debe generar las condiciones” para el desarrollo de los privados. Destacó la necesidad de tener “leyes, instituciones e infraestructura”.
Previamente, había anunciado el aumento de la capacidad crediticia del BID que actualmente es de US$25.000 millones por año y aspira llegar a US$38.000 millones anuales en 2030. Fuentes del organismo indicaron que la mitad de ese incremento podría estar dirigida a actores del sector privado y la otra a los Estados.