El Gobierno anunció que van a impulsar modificaciones en el régimen migratorio que implicará el cobro de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Para hacerlo, sin embargo, deberán enviar un proyecto de ley al Congreso y no es claro aún a qué universo de estudiantes afectará. Según advirtieron los rectores universitarios, además de modificar la ley migratoria, se debería cambiar también la Ley de Educación Superior.

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudios”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

En el Gobierno no detallaron, sin embargo, cómo serán las modificaciones. Ante las reiteradas consultas de LA NACIÓN, tanto desde la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, como desde Presidencia no pudieron precisar a qué universo de estudiantes extranjeros afectaría el arancelamiento. Las universidades, por su parte, remarcan que para poder inscribirse es necesario contar con el DNI argentino por lo que no entrarían en la categoría de estudiantes “no residentes”.

En efecto, quienes quieren estudiar en el país pueden tramitar una residencia temporaria por tres meses, con la posibilidad de prórroga, que los habilita a sacar un DNI. Sin embargo, el Gobierno no especificó si buscará que el arancelamiento recaiga sobre este tipo de residentes.

No es la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que conduce Alejandro Álvarez, la que está a cargo del proyecto, desde donde aclaran que no pueden reglamentarlo y para implementarlo es necesario modificar la ley de Migraciones. Fuentes de Jefatura de Gabinete e Interior se ampararon en que la norma detallará “como van a permitirse estas modificaciones”. El propio presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien confirmó este martes que el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso, aclaró a este medio que “todavía se desconoce la letra chica”.

Cifras

“Va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, afirmó Adorni. Y ejemplificó: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.

Medicina es la carrera que cuenta con más alumnos extranjeros. En el sistema universitario estatal estos representan el 4% del estudiantado, según los últimos datos oficiales que llegan hasta 2022. Son 79.834 alumnos en las carreras de grado, que hoy son gratuitas. Mientras que en las instituciones de gestión privada, alcanzan el 5%. Entre 2015 y 2022, el porcentaje de alumnos extranjeros aumentó del 2% al 4%. En esos siete años, la cantidad de estos estudiantes en las universidades estatales aumentó un 127%, mientras que el total de alumnos (argentinos y extranjeros), creció solo un 36%. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación –hoy Secretaría de Educación– hecho por LN Data.

La mayoría provienen de países vecinos. En 2022, un 16% eran brasileros, seguidos por un 14% que venían de Perú, un 9% de Paraguay, un 8% de Bolivia, un 7% de Colombia, un 7% de Ecuador, un 6% de Venezuela y un 3% de Chile.

Si bien solo un 4% de los alumnos en universidades públicas son extranjeros, ese porcentaje es notablemente mayor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata donde representan un 11% y un 10% del alumnado, respectivamente. En estas dos instituciones se concentra más de la mitad de los alumnos extranjeros de la Argentina.

Ni la UBA ni el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, estaban avisados sobre el anuncio que realizó Adorni.

Cuestionamientos

No es la primera vez que el Ejecutivo insiste con la iniciativa. En plena tensión por el financiamiento universitario, y antes de que lograrán blindar el veto de Javier Milei en el Congreso, el Gobierno anticipó que habilitaría el arancelamiento en las casas de estudios. Se trató, a la vez, del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, que luego fue sacrificado para conseguir que se aprobara.

Allí proponían modificar el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores, que prohíbe que los estudios de grado en educación superior de gestión estatal tengan aranceles, tasas o impuestos y establece la gratuidad, y especificar que esto aplicaría para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Y agregaban que las instituciones “en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos”.

“Siguen sin entender que todo extranjero que se inscribe en una universidad pública lo hace con DNI argentino en mano. Por lo tanto, imagino que el Gobierno va a tener que modificar las leyes migratorias”, advirtió a LA NACIÓN Víctor Moriñigo, titular del CIN.

“El anuncio tal como está presentado es impreciso y así como está planteado es insustancial. Las universidades estamos siempre dispuestas a discutir todo, pero hay que hacerlo con seriedad y precisión. Si el Gobierno tiene vocación de discutirlo tiene que formalizarlo a través de un proyecto. Para hacerlo se requiere al menos modificar dos leyes vigentes [Ley de Migraciones y Ley de Educación Superior] y los acuerdos del Mercosur. Los estudiantes brasileños, por ejemplo, por los acuerdos de Mercosur tienen condiciones distintas”, sintetizó, por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y remarcó: “Así como se plantea es insustancial en término de financiamiento. En nuestra universidad es poco menos del 1%”.

A modo de ejemplo, en la UBA le conceden dos cuatrimestres a los estudiantes extranjeros para que obtengan su DNI. Al inscribirse, al alumno se le solicita que obtenga el documento de nacionalidad argentino o que acredite su identidad con un documento del país de origen. No pueden exigirles que ya cuenten con el documento argentino para cumplir con la Ley de Migraciones, que establece que los inmigrantes deben tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación, y a la vez prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a un establecimiento educativo de cualquier nivel. Por eso, un extranjero no residente puede iniciar el trámite y comenzar a cursar el CBC, pero les otorgan dos cuatrimestres para que lo obtengan, ya sea DNI temporal o permanente, y puedan así tener el alta definitiva como estudiantes.

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El Gobierno anunció que van a impulsar modificaciones en el régimen migratorio que implicará el cobro de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Para hacerlo, sin embargo, deberán enviar un proyecto de ley al Congreso y no es claro aún a qué universo de estudiantes afectará. Según advirtieron los rectores universitarios, además de modificar la ley migratoria, se debería cambiar también la Ley de Educación Superior.

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudios”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

En el Gobierno no detallaron, sin embargo, cómo serán las modificaciones. Ante las reiteradas consultas de LA NACIÓN, tanto desde la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, como desde Presidencia no pudieron precisar a qué universo de estudiantes extranjeros afectaría el arancelamiento. Las universidades, por su parte, remarcan que para poder inscribirse es necesario contar con el DNI argentino por lo que no entrarían en la categoría de estudiantes “no residentes”.

En efecto, quienes quieren estudiar en el país pueden tramitar una residencia temporaria por tres meses, con la posibilidad de prórroga, que los habilita a sacar un DNI. Sin embargo, el Gobierno no especificó si buscará que el arancelamiento recaiga sobre este tipo de residentes.

No es la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que conduce Alejandro Álvarez, la que está a cargo del proyecto, desde donde aclaran que no pueden reglamentarlo y para implementarlo es necesario modificar la ley de Migraciones. Fuentes de Jefatura de Gabinete e Interior se ampararon en que la norma detallará “como van a permitirse estas modificaciones”. El propio presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien confirmó este martes que el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso, aclaró a este medio que “todavía se desconoce la letra chica”.

Cifras

“Va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, afirmó Adorni. Y ejemplificó: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.

Medicina es la carrera que cuenta con más alumnos extranjeros. En el sistema universitario estatal estos representan el 4% del estudiantado, según los últimos datos oficiales que llegan hasta 2022. Son 79.834 alumnos en las carreras de grado, que hoy son gratuitas. Mientras que en las instituciones de gestión privada, alcanzan el 5%. Entre 2015 y 2022, el porcentaje de alumnos extranjeros aumentó del 2% al 4%. En esos siete años, la cantidad de estos estudiantes en las universidades estatales aumentó un 127%, mientras que el total de alumnos (argentinos y extranjeros), creció solo un 36%. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación –hoy Secretaría de Educación– hecho por LN Data.

La mayoría provienen de países vecinos. En 2022, un 16% eran brasileros, seguidos por un 14% que venían de Perú, un 9% de Paraguay, un 8% de Bolivia, un 7% de Colombia, un 7% de Ecuador, un 6% de Venezuela y un 3% de Chile.

Si bien solo un 4% de los alumnos en universidades públicas son extranjeros, ese porcentaje es notablemente mayor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata donde representan un 11% y un 10% del alumnado, respectivamente. En estas dos instituciones se concentra más de la mitad de los alumnos extranjeros de la Argentina.

Ni la UBA ni el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, estaban avisados sobre el anuncio que realizó Adorni.

Cuestionamientos

No es la primera vez que el Ejecutivo insiste con la iniciativa. En plena tensión por el financiamiento universitario, y antes de que lograrán blindar el veto de Javier Milei en el Congreso, el Gobierno anticipó que habilitaría el arancelamiento en las casas de estudios. Se trató, a la vez, del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, que luego fue sacrificado para conseguir que se aprobara.

Allí proponían modificar el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores, que prohíbe que los estudios de grado en educación superior de gestión estatal tengan aranceles, tasas o impuestos y establece la gratuidad, y especificar que esto aplicaría para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Y agregaban que las instituciones “en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos”.

“Siguen sin entender que todo extranjero que se inscribe en una universidad pública lo hace con DNI argentino en mano. Por lo tanto, imagino que el Gobierno va a tener que modificar las leyes migratorias”, advirtió a LA NACIÓN Víctor Moriñigo, titular del CIN.

“El anuncio tal como está presentado es impreciso y así como está planteado es insustancial. Las universidades estamos siempre dispuestas a discutir todo, pero hay que hacerlo con seriedad y precisión. Si el Gobierno tiene vocación de discutirlo tiene que formalizarlo a través de un proyecto. Para hacerlo se requiere al menos modificar dos leyes vigentes [Ley de Migraciones y Ley de Educación Superior] y los acuerdos del Mercosur. Los estudiantes brasileños, por ejemplo, por los acuerdos de Mercosur tienen condiciones distintas”, sintetizó, por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y remarcó: “Así como se plantea es insustancial en término de financiamiento. En nuestra universidad es poco menos del 1%”.

A modo de ejemplo, en la UBA le conceden dos cuatrimestres a los estudiantes extranjeros para que obtengan su DNI. Al inscribirse, al alumno se le solicita que obtenga el documento de nacionalidad argentino o que acredite su identidad con un documento del país de origen. No pueden exigirles que ya cuenten con el documento argentino para cumplir con la Ley de Migraciones, que establece que los inmigrantes deben tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación, y a la vez prohíbe que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a un establecimiento educativo de cualquier nivel. Por eso, un extranjero no residente puede iniciar el trámite y comenzar a cursar el CBC, pero les otorgan dos cuatrimestres para que lo obtengan, ya sea DNI temporal o permanente, y puedan así tener el alta definitiva como estudiantes.