LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han sido posteriormente asesinados en el conflicto.
Según Israel, Mohammed Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamas niega su muerte.
La medida se produce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que solicitaba órdenes de detención por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar israelí en Gaza.
Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. El grupo terrorista palestino también criticó la petición.
“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo en septiembre que había presentado dos escritos jurídicos impugnando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.
“Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera tan perjudicial por el Fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, quien afirmó que Israel se mantenía “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y que seguiría protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo enjuicia casos cuando las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden o no quieren investigar. Israel no es miembro del tribunal. El país ha tenido problemas para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman grupos de derechos humanos.
A pesar de las órdenes de detención, es probable que ninguno de los sospechosos comparezca pronto ante los jueces de La Haya. El propio tribunal no dispone de policía para ejecutar las órdenes, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros.
Agencias AP y Reuters
LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han sido posteriormente asesinados en el conflicto.
Según Israel, Mohammed Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamas niega su muerte.
La medida se produce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que solicitaba órdenes de detención por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar israelí en Gaza.
Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. El grupo terrorista palestino también criticó la petición.
“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo en septiembre que había presentado dos escritos jurídicos impugnando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.
“Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera tan perjudicial por el Fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, quien afirmó que Israel se mantenía “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y que seguiría protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo enjuicia casos cuando las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden o no quieren investigar. Israel no es miembro del tribunal. El país ha tenido problemas para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman grupos de derechos humanos.
A pesar de las órdenes de detención, es probable que ninguno de los sospechosos comparezca pronto ante los jueces de La Haya. El propio tribunal no dispone de policía para ejecutar las órdenes, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros.
Agencias AP y Reuters