El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo hoy: “Me da la sensación de que el Gobierno pretende que nosotros salvemos las papas, con medidas que nos perjudican y que ponen en riesgo el sostenimiento del sistema productivo”.
Mencionó que lo que tiene que entender el gobierno es que la carne no se dispara por la exportación, sino por la inflación y por la falta de políticas económicas que generan confianza. “Cualquier medida la termina pagando el bolsillo del productor”, concluyó.
El dirigente agropecuario advirtió que si no se recompone la exportación, el sector productor está decidido a luchar las consecuencias. “No podemos más, no damos más y no tenemos más herramientas para solucionar los problemas de las malas políticas que existen desde el Gobierno”, remarcó.
El jueves pasado comenzó a regir el paro ganadero, impulsado por la Comisión de Enlace, que tuvo hasta el momento un alto acatamiento por parte de los productores, que no enviaron hacienda al mercado concentrador de Liniers. La medida de fuerza, que inició tras la decisión del Poder Ejecutivo de formalizar la suspensión de exportaciones de carne por 30 días, se extenderá hasta el próximo 28 de mayo.
En ese sentido, Chemes dijo en diálogo con Radio Rivadavia que “el Gobierno lo que ha buscado es bajar la presión de la demanda”, analizó y apuntó: “No le importa cómo, pero lo que quiere es bajar la presión para que no se dispare el precio de la carne”.
En medio del conflicto, este fin de semana se llevarán a cabo reuniones con los frigoríficos para analizar cómo continuarán las negociaciones con el Gobierno tras mantener un encuentro el viernes.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por cámaras y entidades que representan a las economías del agro y sus industrias del país, fue recibido por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
Ante los funcionarios, manifestaron su preocupación y rechazo a la medida anunciada que implica el cierre de las exportaciones de carne bovina por un plazo de 30 días.
La audiencia se concretó luego del pedido del Consejo, en el cual expresó que la medida en cuestión es “marcadamente contraria a todos los objetivos plasmados en la agenda de trabajo que se ha llevado a cabo con las distintas áreas de Gobierno, en la búsqueda de desarrollar políticas de Estado que potencien la producción”.